La violencia de Estado en México y en Michoacán

En la siguiente ponencia, nos gustaría acercarnos a lo que creemos podría ser el porqué del incremento de la violencia en nuestro país.

Consideramos que es fundamentalmente porque el estado mexicano, en los hechos, ha fomentado o ha sido responsable directo o cómplice, al tolerar, permitir y perpetuar la violencia sistemática contra las mujeres. Es en este punto en donde la violencia contra las mujeres adquiere un vinculo directo con el ejercicio del poder en general, y particularmente con el poder político del estado.

En el marco del contexto internacional por la lucha contra los crímenes hacia las mujeres, es importante mencionar el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez,  donde queda al descubierto toda la crudeza de los crímenes del estado contra las mujeres.

El 4 de noviembre de 2007 se presento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos por los feminicidios de Claudia Ivette Gonzáles  de 20 años, Esmeralda Herrera Monreal de 15 años y Laura Berenice Ramos Monarréz de 17 años, cuyos cuerpos fueron encontrados el 6 de noviembre de 2001 en el  campo algodonero de  Ciudad Juárez. En el documento de denuncia, se señala  que:

“se responsabiliza al Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas;  la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de preparación adecuada” (datos sacados del resolutivo del Caso del Campo Algodonero, 2009, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)..

El resolutivo del caso presentado el 16 de noviembre de 2009, señala al Estado Mexicano como responsable de múltiples violaciones contra los derechos de las mujeres pactados en los acuerdos internacionales.

El caso del campo algodonero en Ciudad Juárez no es un caso aislado, en México es alarmante el incremento de la violencia de género. Sólo por mencionar un estudio sobre violencia feminicida realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios  y  ONU-Mujeres, señala que:

“algunas de las cifras principales indican que, entre 1985 y 2010, el acumulado de defunciones femeninas con presunción de homicidio en la República Mexicana fue de 36 mil 606. Además, en 2010 (último dato disponible), ocurrieron en promedio 6.4 defunciones femeninas con presunción de homicidio cada día. Lo anterior provocó que la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio de 2010 representara 106.2% de la de 2007, la cual fue la más baja del periodo de 1985 a 2010”.

La violencia contra la mujer que hoy vivimos en nuestro país no puede entenderse sin la participación directa del estado, ya que la tolerancia u omisión de la violencia hacia las mujeres, es también una forma de violencia de Estado.

La violencia hacían las mujeres se circunscribe en un contexto de guerra contra el pueblo, es decir, de una política de terror y genocidio del estado mexicano hacia el pueblo de México, fundada en prácticas que fomentan: por un lado, una política militarista y paramilitarista, y por otro lado, la construcción de un mecanismo de consenso de ésta guerra por medio del afianzamiento, reproducción y expansión de una cultura fundada en valores racistas, patriarcales y clasistas. Es por esto que afirmamos que hoy el Estado mexicano no solo incumple con los acuerdos internacionales en materia de violencia hacia las mujeres, sino que él mismo, es culpable de ejercer violencia de manera sistemática contra el pueblo y especialmente contra las mujeres.

Es importante mencionar que al tener el estado un carácter de clase, éste tipo de  violencia que se ejerce contra las mujeres también tiene una dimensión clasista; no es casual que los feminicidios y las múltiples formas de violencia en éstos casos tengan generalmente el rostro de mujeres trabajadoras. Considerar esto, implica reconocer que existe una complicidad directa entre el estado y los intereses de clase que defiende.

En éste sentido, una de las expresiones más redituables de violencia que engendra el capitalismo es la trata de personas. En todo el mundo, los tres negocios ilegales más fructíferos son el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas en especial de mujeres con fines diversos todos estos relacionados entre sí.

Solamente en nuestro estado, según datos del Observatorio Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública, la trata de personas hasta el 2012 generó ganancias ilícitas de aproximadamente 31 mil 700 millones de dólares al año.

Según datos de la periodista Lydia Cacho, a pesar del Operativo Conjunto Michoacán y de la amplia difusión en los medios de comunicación sobre detenciones y asesinatos de miembros y cabecillas de los distintos cárteles que operan en el estado, ha quedado oculto uno de los delitos que persisten con mayor crudeza en la región: el secuestro, violación y esclavitud de niñas y adolescentes otomíes, purépechas, nahuas y mazahuas, con fines de explotación sexual y esclavitud doméstica.

En nuestro estado, la discriminación racial y de género así como el abandono de las zonas rurales, han dejado a aproximadamente 250 mil mujeres y niñas indígenas en una vulnerabilidad total, situación que hoy en día no se reporta como grave. No existen averiguaciones de cuántas niñas y jóvenes han sido secuestradas, violadas y obsequiadas como trofeos humanos, como preseas de guerra del narcotráfico, arrebatándoseles el derecho inclusive de ser tomadas en cuenta por las autoridades.

Pero no sólo en las zonas rurales se presenta éste fenómeno, también en las ciudades, especialmente en Morelia, pues a pesar de los operativos desplegados por la PGR en distintos centros nocturnos y de las clausuras temporales de éstos, no ha sido aprehendido ningún culpable y estos lugares vuelven a abrir sus puertas, al comprobar que cumplen con licencias de funcionamiento y con el pago de las multas correspondientes.  Mientras que las mujeres víctimas son re-victimizadas al pasar por procesos denigrantes de aprehensión, mismos que las autoridades niegan, alegando que se cuenta con una Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima).

En términos legales en el mundo citando el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la ONU se señala que “no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas”, y para tratar de resarcir lo anterior existen un sinfín de organizaciones en todo el orbe que se dedican a prevenir, combatir y denunciar la trata, así como a exigir a los países involucrados, castigo y legislación clara para la protección y recuperación de las víctimas de esta práctica.

Para el caso de México aunque  la trata de personas está tipificada en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, se carece de un sistema de seguimiento, información y construcción suficientemente fuerte que además brinde estadísticas certeras para describir con precisión las dimensiones y alcances de éste delito.

Las pocas fuentes oficiales disponibles en la materia se reducen a informes institucionales de las dependencias federales que manejan el tema, tales como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración.

Para nuestro estado, las cifras de mujeres afectadas son dudosas, puesto que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presenta un vacío de información y resultados. Además de que se estima que sólo denuncian el 29.9% de las afectadas, sin embargo, se sabe que además de las zonas de tierra caliente y las zonas de alta marginación, los municipios de Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Arteaga y Morelia son sitios particularmente vulnerables, según datos de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por otra parte, se sabe que de inicios del 2013 hasta agosto del mismo año, se han reportado desapariciones forzadas de 115 mujeres y niñas en todo el estado, siendo los focos rojos de ésta problemática los municipios de Coalcoman, Aquila, Buenavista, Tepalcatepec, Chinicuila, Churumuco y Apatzingán.

En cuanto al tema de los feminicidios, el año 2012 ha sido un año especialmente violento para las mujeres, pues se registraron al menos 117 casos, y en lo que va del 2013, se han presentado alrededor de 90 feminicidios, siendo Tancítaro, Los Reyes y Peribán, los municipios con mayor incidencia, demostrando que en Michoacán, existe una grave problemática que no ha sido atendida.

En este sentido, reconocemos la utilidad política de los acuerdos internacionales y las leyes locales en torno al tema de la violencia de género, pero también reconocemos que en gran medida no es que la violencia se reproduzca por falta de voluntad de los gobiernos, sino fundamentalmente como una práctica que éste impulsa y fomenta como una política de estado.

Es por esto que afirmamos que la actividad de las feministas no puede ni debe reducirse  a la lucha por marcos legales reconocidos internacionalmente; sino que hoy debemos luchar por establecer un mundo en el que las mujeres no seamos objeto dentro del sistema capitalista y patriarcal.

Hoy la lucha feminista debe ir de la mano de la lucha clasista para instaurar un sistema social más justo e igualitario, es hora de luchar porque el feminismo sea una verdadera arma de lucha política por la transformación radical de nuestra realidad.