Violencia Hacia las Mujeres en México

¿Por qué la violencia contra la mujer a incrementado en nuestro país? Fundamentalmente porque el estado mexicano, en los hechos, ha fomentado o ha sido responsable directo o cómplice, al tolerar, permitir y perpetuar la violencia sistemática contra las mujeres. Es en este punto en donde la violencia contra la mujer adquiere un vinculo directo con el ejercicio del poder en general, y particularmente con el poder político del estado.

En el marco del contexto internacional por la lucha contra los crímenes hacia las mujeres, es importante mencionar el caso del  campo algodonero en Ciudad Juárez,  donde queda al descubierto toda la crudeza de los crímenes del estado contra las mujeres.

El 4 de noviembre de 2007 se presento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos  por los feminicidios de Claudia Ivette Gonzáles  de 20 años, Esmeralda Herrera Monreal  de15 años y Laura Berenice Ramos Monarréz de 17 años, cuyos cuerpos fueron encontrados  el  6 de noviembre de 2001 en el  campo algodonero de  Ciudad Juárez. En el documento de denuncia, se señala  que:

“se responsabiliza al Estado por la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas;  la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada” (datos sacados del resolutivo del Caso del Campo Algodonero, 2009, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)..

El resolutivo del caso presentado el 16 de noviembre de 2009, señala al Estado Mexicano como responsable de múltiples violaciones contra los derechos de las mujeres pactados en los acuerdos internacionales.

El caso del campo algodonero en Ciudad Juárez no es un caso aislado, en México es alarmante el incremento de la violencia de genero. Un estudio sobre violencia feminicida  realizado por la la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios  y  ONU-Mujeres, y citado por el portal de noticias Animal Político señala que  

“algunas de las cifras principales indican que, entre 1985 y 2010, el acumulado de defunciones femeninas con presunción de homicidio en la República Mexicana fue de 36 mil 606. Además, en 2010 (último dato disponible), ocurrieron en promedio 6.4 defunciones femeninas con presunción de homicidio cada día. Lo anterior provocó que la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio de 2010 representara 106.2% de la de 2007, la cual fue la más baja del periodo de 1985 a 2010”.

La violencia contra la mujer que hoy vivimos en nuestro país no puede entenderse sin la participación directa del estado, ya que la tolerancia u omisión de la violencia hacia las mujeres, es también una forma de violencia de Estado.

La violencia hacían las mujeres se circunscribe en un contexto de guerra contra el pueblo, es decir, de una política de terror y genocidio del estado mexicano hacia el pueblo de México, fundada en practicas que fomentan: primero, una política militarista y paramilitarista, segundo, la construcción de mecanismo de consenso de esta guerra por medio del afianzamiento, reproducción y expansión de una cultura fundada en valores racistas, patriarcales y clasistas. Es por esto que hoy el Estado mexicano no solo incumple con los acuerdos internacionales, sino que el mismo, es culpable de ejercer violencia sistemática contra el pueblo y contra las mujeres.

Es importante mencionar que al tener el estado un carácter de clase, la violencia de estado que se ejerce contra la mujer también tiene una dimensión clasista; no es casual que los feminicidios y las múltiples formas de violencia contra la mujer tengan generalmente el rostro de mujeres trabajadoras. Considerar esto, implica reconocer que existe una complicidad directa entre el estado y los intereses de clase que defiende.

En este sentido, reconocemos la utilidad política de los acuerdos internacionales y las leyes locales entorno al tema de la violencia de genero, pero también reconocemos que en gran medida no es que la violencia se reproduzca por falta de voluntad de los gobiernos, sino fundamentalmente como una practica que éste impulsa y fomenta como una política de estado.

Por lo que creemos que la actividad de las feministas no puede ni debe reducirse  a la lucha por marcos legales reconocidos internacionalmente; sino que hoy debemos luchar por establecer un mundo en el que las mujeres no seamos objeto dentro del sistema capitalistas y patriarcal. Hoy la lucha feminista debe ir de la mano de la lucha clasista para instaurar un sistema social más justo e igualitario, es hora de luchar porque el feminismo sea una verdadera arma de lucha política por la transformación radical de nuestra realidad.