Es del conocimiento público los atroces actos cometidos el pasado 3 de diciembre del presente año contra Erika Kasandra cuando la joven enfermera fue asesinada y torturada. Ante estos hechos y en el marco de un contexto nacional de crecientes protestas populares han surgido aberrantes y equivocadas declaraciones de parte del gobierno estatal por medio del gobernador interino del Estado de Michoacán Salvador Jara Guerrero, el procurador general de justicia del estado y algunas fuerzas político electorales ante los cuales manifestamos lo siguiente:
Primero, como es de esperarse las declaraciones de Salvador Jara Guerrero son irresponsables y solo demuestran la indolencia de un gobierno ilegitimo, impuesto y antidemocrático que al no tener ningún compromiso político real con la ciudadanía arremete contra las legítimas y constitucionales manifestaciones del pueblo que exigen seguridad para ellos y para sus hijos.
Recordemos que el pasado 9 de diciembre del 20014 el gobernador minimizo el problema de violencia existente en el estado al referirse al asesinato de Erika Kasandra como un hecho aislado y excusándose diciendo que no se debería hablar públicamente de este tema para no provocar una psicosis social:“si uno hace mucho ruido, se pueden salir las cosas de control” y señalo carente de contexto que “no se puede defender la justicia con actos violentos” criminalizando la protesta social. Recientemente el día 15 de diciembre el gobernador fiel a su vocación autoritaria denostó las múltiples manifestaciones de solidaridad con la familia de Erika Kasandra al señalar que las organizaciones y las personas solidarias querían “lucrar política y económicamente” con lo ocurrido. Estas declaraciones muestran la falta de sensibilidad política y de un interés real de atender la exigencia de reclamos de justicia del pueblo.
Nosotros nos preguntamos: ¿qué es más legítimo, los reclamos de miles de personas que exigen seguridad y paz para sus familias o las arrogantes declaraciones de un gobernador que no fue votado por el pueblo?
Segundo, es insatisfactoria la respuesta presentada por el procurador del estado de Michoacán José Martín Godoy Castro, el día 15 de diciembre de 2014 cuando señala que se ha hecho justicia en el caso de Erika Kassandra al detener al presunto homicida y dar argumentos que intentan esclarecer el origen de las mutilaciones sufridas por la joven enfermera. Fundamentalmente porque los feminicidios representan un problema estructural y sistemático que atiende a condiciones sociales de tolerancia, impunidad, invisibilización y ocultamiento de la violencia hacia las mujeres por parte de las autoridades, de esta forma la respuesta del procurador al ser ambigua respecto a las torturas sufridas por Erika Kassandra y evasiva en cuanto a la responsabilidad del estado de dichos crímenes, en última instancia representa un intento cínico por cerrar el caso y evadir un tratamiento político y jurídico de la violencia feminicida.
Tercero, es igual de reprobable que los militantes del PRD ahora intenten lavarse las manos de la tragedia que vive día a día el pueblo, pues ellos fueron y han sido cómplices y responsables directos, por medio de acuerdos cupulares entre las diversas fuerzas electorales que garantizan impunidad ante la violación a los derechos democráticos del pueblo.
Recordemos que ellos aprobaron en el poder legislativo del estado la imposición de Salvador Jara Guerrero como gobernador interino del Estado de Michoacán y fue durante el mandato del PRD en Michoacán cuando se presentó el delito de desaparición forzada con el caso del luchador social de Francisco Paredes Ruiz y también han sido cómplices de la violación a la soberanía del estado de Michoacán al tolerar la imposición de Alfredo Castillo como gobernador de facto de la entidad, o que ellos han sido parte de los obstáculos para la aprobación de una ley para que tipifique, prevenga y erradique la desaparición forzada en el estado, por no mencionar su complicidad en el caso iguala y la aprobación de las reformas estructurales, siendo el PRDismo parte de un gobierno que sistemáticamente ha violentado los derechos democráticos del pueblo, manifestar a estas alturas su falsa indignación por los hechos de violencia contra las mujeres sólo demuestra su oportunismo político y su intención de capitalizar electoralmente las justas e independientes demandas y expresiones de descontento popular.
Cuarto, la Coordinadora Feminista de Michoacán se deslinda de las fuerzas electorales, pues creemos que ellos en su conjunto son responsables de la inseguridad que vive el estado y el país y rechazamos tener vínculos y trabajo conjunto con los legisladores y legisladoras PRD o de otro partido electoral.
Quinto, la Coordinadora Feminista de Michoacán ratifica su carácter independiente, su vocación democrática y su búsqueda de Justicia para Erika Kasandra, Mallinali Saucedo y los casos de feminicidio registrados en el Estado y el País, así mismo manifestamos que solamente nuestras compañeras y compañeros tienen la autorización de hablar por nuestra organización.
En el camino en la organización de la rabia por la violencia machista hacia las mujeres, buscamos la unidad de las mujeres en especial de aquellas que salen todos los días a trabajar o a estudiar con la incertidumbre de si llegarán a salvo a sus casas, y no buscamos ni aceptamos dádivas de ningúna orden de gobierno. Exigimos lo que es nuestro legítimo derecho, que es tener una vida digna para nosotras y nuestras familias, libre de violencia.
¡Justicia para Erika Kassandra!
¡Justicia para Mallinali Saucedo y todas las mujeres asesinadas en nuestro Estado!
¡Castigo a los verdaderos responsables!
Ni omisión ni ocultamiento ¡Fue el Estado!
FRENTE CONTRA LA REPRESIÓN Y EL TERRORISMO DE ESTADO
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matrioskas.org@gmail.com