La violencia de Estado en México y en Michoacán

Erika G. Huacuz

En la siguiente ponencia, nos gustaría acercarnos a lo que creemos podría ser el porqué del incremento de la violencia en nuestro país.

Consideramos que es fundamentalmente porque el estado mexicano, en los hechos, ha fomentado o ha sido responsable directo o cómplice, al tolerar, permitir y perpetuar la violencia sistemática contra las mujeres. Y es ahí donde la violencia contra las mujeres adquiere un vínculo directo con el ejercicio del poder en general, y particularmente con el poder político del estado.

En el marco del contexto internacional por la lucha contra los crímenes hacia las mujeres, es importante mencionar el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez,  donde queda al descubierto toda la crudeza de los crímenes del estado contra las mujeres.

El 4 de noviembre de 2007 se presento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos por los feminicidios de Claudia Ivette Gonzáles  de 20 años, Esmeralda Herrera Monreal de 15 años y Laura Berenice Ramos Monarréz de 17 años, cuyos cuerpos fueron encontrados el 6 de noviembre de 2001 en el  campo algodonero de  Ciudad Juárez; los actos que  influyeron  para  establecer la  primera demanda que manifiesta éstos términos y que responsabiliza directamente al Estado fueron: la falta de protección a las víctimas; la poca prevención de los crímenes por violencia de género y la escasa información existente al respecto; la nula respuesta inmediata e investigación por parte de las autoridades; y la negación de justicia y falta de preparación adecuada.

Por lo que el resolutivo del caso presentado el 16 de noviembre de 2009, señala específicamente al Estado Mexicano como responsable de múltiples violaciones contra los derechos de las mujeres pactados en los acuerdos internacionales.

La situación del campo algodonero en Ciudad Juárez no es un hecho aislado, en México es alarmante el incremento de la violencia de género.  Ejemplo de esto es un  un estudio sobre violencia feminicida realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios  y  ONU-Mujeres, señala que:

“algunas de las cifras principales indican que, entre 1985 y 2010, el acumulado de defunciones femeninas con presunción de homicidio en la República Mexicana fue de 36 mil 606. Además, en 2010 (último dato disponible), ocurrieron en promedio 6.4 defunciones femeninas con presunción de homicidio cada día. Lo anterior provocó que la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio de 2010 representara 106.2% de la de 2007, la cual fue la más baja del periodo de 1985 a 2010”.

La violencia contra las mujeres que hoy vivimos en nuestro país no puede entenderse sin la participación directa del estado, puesto que la tolerancia u omisión de la discriminación hacia las mujeres, es también una forma de violencia de Estado.

La violencia hacia las mujeres se circunscribe en un contexto de guerra contra el pueblo, es decir, de una política de terror y genocidio del estado mexicano hacia los y las mexicanas, fundada en prácticas que fomentan: por un lado, una política militarista y paramilitarista, y por otro lado, la construcción de un mecanismo de consenso de ésta guerra por medio del afianzamiento, reproducción y expansión de una cultura fundada en valores racistas, patriarcales y clasistas. Es por esto que afirmamos que hoy el Estado mexicano no solo incumple con los acuerdos internacionales y nacionales en materia de violencia hacia las mujeres, sino que él mismo, es culpable de ejercer violencia de manera sistemática contra el pueblo y especialmente contra las mujeres.

Es importante mencionar que al tener el Estado un carácter de clase, éste tipo de  violencia que se ejerce contra las mujeres también tiene una dimensión clasista; no es casual que los feminicidios y las múltiples formas de violencia en éstos casos tengan generalmente el rostro de mujeres trabajadoras. Considerar esto, implica reconocer que existe una complicidad directa entre el estado y los intereses de clase que defiende.

Y esto es evidente cuando nos damos cuenta de que no existen los llamados “casos aislados”; tanto en los campos agrícolas de San Quintín, como las maquilas en ciudad Juárez, o las zonas agrícolas y mineras en Michoacán, o las industrias en Guanajuato y las zonas petroleras en Veracruz, sólo por mencionar algunas zonas de producción industrial o agrícola del país, existen altísimos índices de violencia: feminicidios, trata, abuso sexual y un largo etcétera.

Y dentro de la diversidad de expresiones de ésta violencia que engendra el capitalismo, una de las más redituables es la trata de personas. En todo el mundo, los tres negocios ilegales más fructíferos son el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas en especial de mujeres con fines diversos todos estos relacionados entre sí.

No hace muchos días se dio a conocer el llamado Cartel de “los porkys”, organización delincuencial integrada por “Juniors” hijos de funcionarios de distintos gobiernos priistas protegidos por Javier Duarte o empresarios de la región del golfo con Veracruz, con sede y centro de operaciones en ese estado. Este cartel tiene como actividad exclusivamente el tráfico humano, especialmente el de mujeres y niñas con el fin de explotación sexual y al cual se le vinculan también varios de los feminicidios registrados en Veracruz.

En el caso de nuestro estado, según datos del Observatorio Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública, la trata de personas hasta el 2012 generó ganancias ilícitas de aproximadamente 31 mil 700 millones de dólares al año.

Según datos de la periodista Lydia Cacho, a pesar del Operativo Conjunto Michoacán y de la amplia difusión en los medios de comunicación sobre detenciones y asesinatos de miembros y cabecillas de los distintos cárteles que operan en el estado, ha quedado oculto uno de los delitos que persisten con mayor crudeza en la región: el secuestro, violación y esclavitud de niñas y adolescentes otomíes, purépechas, nahuas y mazahuas, con fines de explotación sexual y esclavitud doméstica.

Así, la discriminación racial y de género, como el abandono de las zonas rurales, han arrojado  aproximadamente 250 mil mujeres y niñas indígenas en una vulnerabilidad total, situación que hoy en día no se reporta como grave. No existen averiguaciones de cuántas niñas y jóvenes han sido y son secuestradas, violadas y obsequiadas como trofeos humanos, como preseas de guerra del narcotráfico, arrebatándoseles el derecho inclusive de ser tomadas en cuenta por las autoridades.

Pero no sólo en las zonas rurales se presenta éste fenómeno, también en las ciudades, especialmente en Morelia, pues a pesar de los operativos desplegados por la PGR en distintos centros nocturnos y de las clausuras temporales de éstos, no ha sido aprehendido ningún culpable y estos lugares vuelven a abrir sus puertas, al comprobar que cumplen con licencias de funcionamiento y con el pago de las multas correspondientes.  Mientras que las mujeres víctimas son re-victimizadas al pasar por procesos denigrantes de aprehensión, mismos que las autoridades niegan, alegando que se cuenta con una Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima).

En términos legales en el mundo citando el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la ONU se señala que “no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de personas”, y para tratar de resarcir lo anterior existen un sinfín de organizaciones en todo el orbe que se dedican a prevenir, combatir y denunciar la trata, así como a exigir a los países involucrados, castigo y legislación clara para la protección y recuperación de las víctimas de esta práctica.

Para el caso de México aunque la trata de personas está tipificada en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, se carece de un sistema de seguimiento, información y construcción suficientemente fuerte que además brinde estadísticas certeras para describir con precisión las dimensiones y alcances de éste delito.

Las pocas fuentes oficiales disponibles en la materia se reducen a informes institucionales de las dependencias federales que manejan el tema, tales como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración.

Para nuestro estado, las cifras de mujeres afectadas son dudosas, puesto que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presenta un vacío de información y resultados. Además de que se estima que sólo denuncian el 29.9% de las afectadas, sin embargo, se sabe que además de las zonas de tierra caliente y las zonas de alta marginación, los municipios de Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Arteaga y Morelia son sitios particularmente vulnerables, según datos de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por otra parte, se sabe que de inicios del 2013 hasta agosto del mismo año, se reportaron desapariciones forzadas de 115 mujeres y niñas en todo el estado, siendo los focos rojos de ésta problemática los municipios de Coalcoman, Aquila, Buenavista, Tepalcatepec, Chinicuila, Churumuco y Apatzingán.

En cuanto al tema de los feminicidios, citando a la Doctora Julia Monárrez Fragoso, quien retomando el marco teórico propuesto por de Diana Russell caracteriza al feminicidio como un el resultado de la relación inequitativa entre los géneros; la estructura de poder y el control que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres que les permite disponer sobre sus vidas y sus cuerpos, decidiendo ellos el momento de la muerte; los motivos a los que se recurre para justificar el asesinato; los actos violentos que se ejercen en el cuerpo de la víctima; la relación de parentesco entre la víctima y el victimario; los cambios estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación y procuración de justicia por parte de los aparatos designados; lo que implica necesariamente la responsabilidad y/o complicidad del Estado.

De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención del Delito de Violencia Familiar, el feminicidio fue incluido en Michoacán hasta el 20 de diciembre de 2013, sin embargo, han sido sólo 7 los casos que se han tipificado de esta manera  mientras que las cifras de asesinatos de mujeres que se podrían catalogar como feminicidios han ido en aumento en los últimos años. El año 2012 fue un año especialmente violento para las mujeres, pues se registraron al menos 117 asesinatos, en 2013, se presentaron alrededor de 90, la cifra para 2014 fue de 123 y del 1ero de enero hasta marzo del 2015 se habían reportado 20 casos.

Los estados donde más casos se reportaron en estos años son Tancítaro, Los Reyes y Peribán, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, sin embargo no se exentan los demás municipios de presentar casos que por la falta de información o la pésima actuación de las autoridades se desconoce si se ha levantado o no el registro.

En particular, el caso de Mallinali (que nos trae hoy aquí), es emblemático de muchas formas, primero porque Malli era una joven estudiante de ésta nuestra universidad pública y casa de estudios, segundo, por formar parte de una familia de trabajadores que buscaban que su hija contara con el derecho fundamental a la educación que le permitiera desarrollarse como persona, y tercero, porque Malli como muchas de nosotras era una mujer que salía al mundo sola, sin tener la seguridad de si regresaría o no a casa. A todas nos gustaría pensar que no transitamos en un entorno hostil, pero la realidad es que el espacio público sigue siendo un lugar de disputa para las mujeres.

Nosotras creemos que esto es inaceptable en todo momento, pero sobre todo ahora cuando las elecciones se avecinan en nuestro estado, es doblemente preocupante el que ninguna de las opciones políticas electorales se haya posicionado frente al tema de feminicidio, esto significa que ningún candidato o candidata ha sido capaz proponer garantizar la seguridad de más de la mitad de la población que somos las mujeres michoacanas. Y en éste sentido nos preguntamos ¿Es esto la verdadera democracia? ¿Es este el mundo que queremos para nosotras y nuestras hijas?

Reconocemos la utilidad política de los acuerdos internacionales y las leyes locales en torno al tema de la violencia de género, pero también reconocemos que en gran medida no es que la violencia se reproduzca por falta de voluntad de los gobiernos, sino fundamentalmente como una práctica que éste impulsa y fomenta como una política de estado.

Es por esto que afirmamos que la actividad de las feministas no puede ni debe reducirse a la lucha por marcos legales reconocidos internacionalmente o en el marco de las coyunturas electorales; sino que hoy debemos luchar por establecer un mundo en el que las mujeres no seamos objetos dentro del sistema capitalista y patriarcal. Esto solamente es posible con la conformación de organizaciones independientes que planteen el sentir y las necesidades apremiantes de todas, la erradicación total de la violencia y el alto a los feminicidios.

Hoy la lucha feminista se plantea también como la lucha por la democracia, pero no cualquier democracia, planteamos aquella en la que la participación de las mujeres no se reduzca a las cuotas de género en los partidos si no al reconocimiento total de nuestras demandas, es hora de luchar porque el feminismo sea una verdadera arma de lucha política por la transformación radical de nuestra realidad, pues solo así podremos garantizarnos la vida.

¡Justicia para Malli!

¡Ni Una Muerta Más!

COMITÉ FEMINISTA MATRIOSKA

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA