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El 25 de noviembre de cada año es el Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres. Una fecha para hacer visible la violencia machista. Es también una jornada para recordar y homenajear a todas las víctimas de ésta violencia.

Pero ¿Por qué un 25 de noviembre? Al igual que el 8 de marzo, la elección de la fecha se remonta a una efeméride histórica. Ese día, en el año 1960, las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) activistas que luchaban por la democratización de su país fueron víctimas de un crimen de Estado, al ser asesinadas a golpes por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, en República Dominicana que no sólo buscaba terminar con la vida de tres mujeres, si no con la moral de todo un movimiento. La conmoción social que provocó este suceso marcó el inicio del fin del régimen trujillista, que perdió el apoyo de la Iglesia católica.

Trujillo ocupó el poder dominicano el 23 de febrero de 1930 y durante 31 años presidió una de las dictaduras más crueles de Latinoamérica. Según los datos del Museo de la Resistencia de Santo Domingo, se exterminó al 5% de la población, un 15% fue víctima directa de torturas, secuestros, abusos sexuales, exilio forzoso, incautación de bienes y acoso; y otro 75% padeció el terror y el miedo en el que estaba inmersa toda la isla. 

Minerva Mirabal había pertenecido desde la adolescencia a grupos como ‘Juventud Democrática’, cuyos miembros fueron asesinados, encarcelados o exiliados, tal y como ocurrió con la familia Mirabal. Tanto Minerva como María Teresa sufrieron torturas y violaciones y fueron encarceladas, pero nunca cesaron en su empeño por luchar por la democracia. Su hermana mayor, Patria, les prestaba apoyo. 

En 1959, Minerva lidera el ‘Movimiento Revolucionario 14 de Junio’ junto a su compañero Manolo Tavárez. Una organización clandestina de izquierda que surgió con la finalidad de acabar con el régimen, y que contaba con entrenamiento en la guerra de guerrillas prestado en cuba.  En mayo de 1960, Minerva, María Teresa, sus dos maridos, el marido de Patria y la mayoría de activistas del 14J fueron juzgados por supuesto delito contra la seguridad nacional. Se les condenó a más de tres años de cárcel, pero como “gesto” ante las presiones internacionales, las dos hermanas fueron puestas en libertad el 9 de agosto. Pronto se reanudaron las actividades clandestinas y Trujillo retomó la persecución, trasladando a sus maridos a otra prisión y tendiéndoles una emboscada el 25 de noviembre de 1960.

Las tres hermanas han pasado a la historia como ‘Las Mariposas’, ya que su nombre el clave dentro del ‘Movimiento 14 de junio’ fue Mariposa 1, Mariposa 2 y Mariposa 3. Su asesinato conmocionó a la ciudadanía dominicana y fue un punto de inflexión para el derrocamiento del régimen trujillista.

Surge el 25 como efeméride feminista.

La propuesta de esta fecha por su valor simbólico se remonta a Julio de 1981, al primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, que tuvo lugar en Bogotá. Las mujeres reunidas en torno a éste encuentro plantean la necesidad de un día de reflexión y denuncia contra las diferentes formas de violencia que sufrimos las mujeres. Y es así como el 25 de noviembre de cada año hasta la fecha recordamos a todas las mujeres valientes asesinadas por la violencia del estado capitalista y patriarcal ¡Que no te pase de largo la injusticia! ¡No más violencia!

Posicionamiento ante los nuevos sucesos en torno a la AVG en Michoacán

La AVG o Alerta de violencia de género para nuestro estado se declaró durante en el 2014, y está encabezada por la A.C. “Humanas sin violencia” quienes la solicitaron para Michoacán ante el gobernador interino Salvador Jara. El entonces mandatario afirmo en repetidas ocasiones que los asesinatos de mujeres en el Estado eran solo casos aislados y que sugería no hacer  ruido al respecto porque ello podría causar “psicosis” en la población. Declaró además -en repetidas ocasiones- que no aceptaría de ninguna manera la alerta de género.

Sin embargo, de un día para otro o mejor dicho de un gobernador a otro, existe un cambio radical en la postura del gobierno en Michoacán. El nuevo gobernador de nuestro estado Silvano Aureoles, durante su toma de protesta declaró que solicitaría la Alerta de Género para todos los municipios de Michoacán. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Jara decía que no y Silvano ahora dice que si?

Creemos tener una respuesta: el primero, se aferró a negar la declaratoria, porque de lo contrario, haría patente que su gobierno y el de su antecesor Fausto Vallejo  habían sido incapaces de garantizar la seguridad y vida de las mujeres en el Estado; mientras que para el segundo, es muy fácil decir que sí a la alerta de género, después de todo él no tiene que responder como responsable por el derramamiento de sangre antes de su mandato -o lo que es lo mismo no carga con ese costo político-, además de que de esa forma también demuestra su “buena voluntad” para con las mujeres y los diversos grupos que venían manifestando su descontento e indignación por el asesinato de mujeres.

Sin embargo nosotras no estamos conformes con la “buena voluntad” del gobernador Silvano, ¿porque habríamos de estarlo si ya hemos visto resultados catastróficos de otras iniciativas por parte del gobierno?, un ejemplo claro lo tenemos en la “ley por el derecho de las mujeres a vivir una vida  libre de violencia”, la cual ha sido incapaz de asegurar todas las medidas necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres, y para evitar que nos asesinen. Prueba de esto es que ni siquiera existe un correcto código de procedimientos penales para su aplicación en nuestro estado.

Nosotras afirmamos que la alerta de género en manos del gobierno es sólo una política estéril más, y creemos que sería muy ingenuo por parte de las mujeres feministas y de la población en general pensar que una declaratoria como ésta por sí sola y por arte de magia va a lograr erradicar la violencia de género y los feminicidios. Y no es que no creamos en la necesidad de los marcos legales que permitan la visibilización de los problemas más sentidos de la población, afirmamos que si éstos no se acompañan de la organización y la denuncia de las mujeres, serán un cascarón vacío. Encerrar al descontento en los foros y en las aulas nos aísla y nos resta capacidad de organización política masiva.

La alerta de género, no puede ser la solución absoluta. Creemos que en términos políticos el aplaudir con el entusiasmo que se escucha por estos días la iniciativa por parte del gobierno del Estado, más que sumar a la disminución de la violencia hacia las mujeres, resta al movimiento feminista y a una de sus consignas más fuertes: ¡Ni una muerta más!

Exigimos, que ya sea en la alerta de género o fuera de ella, se implementen los mecanismos necesarios para castigar a los culpables de los asesinatos de mujeres en Michoacán. Que se enjuicie y castigue con prisión a los autores materiales e intelectuales de los feminicidios, a quien ejerza cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y a los funcionarios que han sido omisos ante los casos y que en la práctica han promovido un clima de impunidad que le da el carácter de crimen de Estado a los feminicidios.

Nos negamos a aceptar que la militarización de las comunidades sea la solución a la violencia; existen diversos casos documentados en los que han sido miembros del ejército y policías, los responsables de secuestros, desapariciones, abusos sexuales y torturas contra mujeres, como parte de una política de terror contra la población en general y contra  de las mujeres en particular.

Ahora más que nunca es necesario que como mujeres nos organicemos para exigir que se no garantice la vida y la seguridad. Manteniendo una constante vigilancia de los funcionarios en el cumplimiento de sus cargos públicos y de los procedimientos que llevan a cabo en materia de seguridad. Y en conjunto con el resto de las organizaciones populares mixtas, crear conciencia en torno de que la violencia feminicida es un problema social y como tal es necesario que la sociedad en general salga a las calles a rechazar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y a exigir justicia para los casos de mujeres asesinadas en el país y en nuestro estado que hasta la fecha no se han resuelto.

Un pueblo que ve como normal la violencia hacia las mujeres, es signo de una ceguera crónica, de una normalización de la violencia y de una profunda indiferencia ante el dolor de cientos de familias que aún lloran las muertes de sus hijas, la indiferencia ante miles de mujeres que son violentadas día a día dentro de sus hogares, centros de estudios o centros de trabajo, espacios que deberían representar seguridad.

Hacemos un llamado a las organizaciones populares, feministas, a  hombres y mujeres de la población en general a salir a las calles a exigir

  1. Se implementen mecanismos que aseguren el juicio y castigo a los culpables de violencia y asesinatos de mujeres. Independientemente de que se traten de  miembros de la policía o del  ejército, de familiares de la víctima o de importantes funcionarios.
  2. Se garantice la vida y seguridad de las mujeres. Que en verdad se cumplan aquellas palabras que hoy en día parecen muertas: nadie por encima de la ley.

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